Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú son los países latinoamericanos donde se han producido mayores avances en la participación política de los pueblos originarios en la región. ¿Son suficientes?
“Las elecciones en Ecuador, Perú y México demuestran que los pueblos indígenas son los más interesados en ganar más y mejores espacios de toma de decisiones, al mismo tiempo que también están exigiendo el reconocimiento de sus propios mecanismos de toma de decisión”, dice a DW Álvaro Pop, expresidente del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas.
No obstante, su participación política sigue siendo baja: “El número de candidatos indígenas aún es pobre”, lamenta el experto en cuestiones electorales, aunque sí reconoce el incremento de la cuota de diputados indígenas en las cámaras del Congreso de México en estas últimas elecciones.
“Importantes líderes indígenas están luchando desde dentro de los partidos políticos y desde las organizaciones para incidir en los partidos, especialmente en MORENA, PRI y PRD”, recalca Pop, uno de los autores del estudio “Ciudadanía Intercultural – Aportes desde la participación política de los pueblos indígenas de Latinoamérica”. Este informe, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2016, está centrado en Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú.
Esos países coinciden en que albergan el mayor número de población indígena en la región, además de resaltar otros aspectos. “En primer lugar, la fortaleza del movimiento indígena. En segundo lugar, la historia misma”, dice a DW Ferran Cabrero, coordinador de dicho informe, que señala como otro factor determinante “la flexibilidad de las élites en el poder para llegar a acuerdos inclusivos”.
“Ecuador no se puede entender sin ese pacto surgido de la Revolución Liberal de finales del siglo XIX, a partir de la cual las élites son más permeables al diálogo que en otros países”, explica el también profesor e investigador de la Universidad Estatal Amazónica de Ecuador.
Para Georg Dufner su resultado en las pasadas elecciones demuestra que “la coexistencia de varias culturas en el país sigue siendo una tarea que los tomadores de decisiones en Ecuador no pueden ignorar”. En la foto, Yaku Pérez, candidato presidencial por el partido Pachakutik de Ecuador.
No solo una cuestión de cifras
Para Georg Dufner, director del programa regional Participación Política Indígena de la Fundación Konrad Adenauer (KAS, por sus siglas en alemán), “hay que observar de manera diferenciada los logros de la representación indígena” yendo más allá de las cifras. “En los casos de Bolivia y Ecuador están los números, pero se trata de una representación altamente instrumentalizada y simbólica que no llega a los cargos altos”, critica a DW el también representante en Bolivia de la fundación alemana.
En el caso de Ecuador, el partido indígena Pachakutik, liderado por Yaku Pérez, logró conseguir un 19% de los votos en las elecciones del pasado mes de febrero. “Muchas agrupaciones indígenas desencantadas con el correísmo se sumaron a su proyecto”, explica Dufner.
“Hay que tener en cuenta que Pachakutik, más allá de altos y bajos en las elecciones presidenciales, al tener un voto duro, siempre se ha mantenido en las elecciones seccionales con varias prefecturas y alcaldías”, agrega Ferran Cabrero, que opina que si el candidato hubiera pasado a segunda vuelta sería el actual presidente del país. “Quizás fuera el Evo Morales que le falta al Ecuador, en el sentido de reconciliarse plenamente con su parte indígena”, plantea.
Un hecho con el que coincide Gabriel Muyuy, líder indígena del pueblo inga, de Colombia. “El caso de Bolivia es particular en toda la región de América Latina: un indígena, Evo Morales, llegó a ser presidente de la república”, recuerda a DW. “No sucede así en Ecuador. Han logrado una amplia participación y un buen número de congresistas en las últimas elecciones”, lamenta Muyuy, que también fuera senador en Colombia de 1991 a 1998.
Durante esa época, “logré incluir varias normas, que hoy son ley en Colombia, relacionadas con las participaciones de regalías por el uso de recursos naturales en territorios indígenas”, recalca. Asimismo, “tuve la ocasión de incluir varias normas que tienen que ver con la garantía de la participación de los pueblos indígenas en espacios de concentración y decisión de políticas públicas, como también incluir en la Ley Orgánica del Presupuesto unos rubros en favor de los derechos de los pueblos indígenas”, agrega.
“Creo que se han dado pasos desde los años 90 en toda América Latina, se ha avanzado, a pesar de muchas dificultades”, considera, apuntando a la necesidad de seguir fortaleciendo la participación política de los pueblos originarios. “Estar ahí permite lograr incidir en las normas que reconocen y garantizan derechos”, asegura.
La participación política de las mujeres indígenas es muy limitada, aunque existen casos como el de Eva Copa, alcaldesa de El Alto (Bolivia) y Elisa Loncón (foto) del pueblo mapuche, que fue escogida para redactar la nueva Constitución chilena.
Una nueva oportunidad para Chile
En Chile, los pueblos indígenas cuentan con un nuevo proceso en el que poder influir. Se trata de la redacción de la nueva Constitución, que cuenta con 17 representantes de pueblos originarios y 3 candidatos indígenas adicionales en la recién elegida asamblea constituyente de Chile, con un total de 155 escaños.
“Cada país tiene que autodefinir su convivencia y, seguramente, la tendencia en Chile es disminuir el centralismo, fortalecer autonomías territoriales y dar mayor ímpetu a la subsidiariedad política [principio que dicta que la autoridad debe resolver los asuntos en las instancias más cercanas a los interesados. N. de la R.] y las autonomías de carácter étnico”, indica el director programa regional Participación Política Indígena de la Fundación Konrad Adenauer.
Para Cabrero, esto se trata de un avance, ya que Chile “ha tenido una política usualmente bastante reactiva y restrictiva hacia los derechos de los pueblos indígenas, como en el caso de los mapuches”.
Dicho avance también tendrá consecuencias para la región. Según Pop, “lo significativo es que en un país “de supuesta avanzada” en la región, pueda incluir el reconocimiento de derechos en la nueva Constitución”. Algo más que probable, “si se toma en cuenta la narrativa pro indígena en los planteamientos del movimiento de protesta social en 2019”, concluye.
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